La Comisión mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas aprobó, el 25 de noviembre pasado, una Resolución que insta al Tribunal de Cuentas de España a repetir, al menos cada cinco años, la fiscalización del conjunto de las Universidades Públicas españolas.

El unánime acuerdo parlamentario es una de las principales conclusiones al informe horizontal realizado por el Tribunal, sobre la base del ejercicio 2003 y del que ya hemos dado cuenta en esta bitácora. Tampoco faltan voces autorizadas que manifiestan que la Universidad española rinde cuentas en muchos frentes distintos y es la única Institución nacional que presenta voluntariamente su propio informe agregado, cada dos años. 

La Comisión de las Cortes Generales, tras el debate mantenido el 28 de octubre pasado con Manuel Núñez Pérez, insta al Tribunal de Cuentas para que exija que todas las Universidades Públicas y entidades de ellas dependientes rindan cuentas en el primer semestre del ejercicio siguiente al que hacen referencia, así como a remitir la información establecida en la vigente normativa en relación con los contratos que hubieran suscrito.

Las conclusiones de la Comisión mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas valoran el citado informe como “muy útil para el conocimiento del funcionamiento de las Universidades Públicas”. Se trataba de un complejo reto que obligó a un esfuerzo de coordinación y colaboración de los OCEX que auditan a sus 47 universidades presenciales en las diversas CCAA. Un terreno siempre abonado para los conflictos institucionales y donde el Tribunal de Cuentas ejerce plenamente su papel constitucional. El senador navarro Tuñón Sanmartín reconoció que “era uno de los informes más complejos que ha tenido que realizar el Tribunal de Cuentas en los últimos años”.

El propio Núñez, en su comparecencia, entendía que este trabajo presentaba dificultades que en ocasiones no permitió ofrecer una información agregada y homogénea de la totalidad de las universidades. A los lectores interesados en el mundo del gobierno universitario le recomiendo un vistazo al Diario de Sesiones.

Así, el Diputado Adolfo González (exvicerrector sevillano) tuvo ocasión de reflexionar sobre el sistema de gobierno “De la vida universitaria a la vida parlamentaria echo mucho menos poder levantar la mano. Aquí levanta la mano quien la tiene que levantar, pero en la vida universitaria levanta la mano todo el mundo en cualquier momento”. En la organización, tuvo elogios para la Gerencia universitaria, “la duplicidad de funciones entre un cargo unipersonal y el gerente o los vicegerentes. Esto provoca disfunciones importantes, por lo que me parece muy interesante esta recomendación. Tampoco sé cómo llevarla a cabo, lo que sí sé es que desde luego hay que pensar y repensar esta relación entre el mundo gerencial y el mundo de las autoridades académicas en las universidades españolas”.

El diputado Más i Estela aprovecho para dar un revolcón a la Autonomía Universitaria: “ Muchas veces detrás de ella se esconde un yo me lo guiso yo me lo como, y no es demasiado bueno desde el punto del control del gasto público”.

El senador Tuñon pidió para el futuro que se programen más fiscalizaciones, poniendo énfasis en los procedimientos universitarios de contratación, en la gerencia, así como, “en reforzamiento de la unidad de control interno, que ya vimos en los anteriores informes y que en estos momentos se vuelve a constatar”. El presidente del Tribunal le contestó: “¿Vamos a hacer otra fiscalización horizontal? Tenemos que insistir en esta línea pero quizá sin hacer un análisis global de todos los aspectos del funcionamiento de las universidades, sino concretándonos algunos aspectos que aquí se han señalado, que pueden ir desde el control interno al sistema informático, a la rendición telemática de las cuentas, a la contratación … Los distintos informes vienen a incidir en una organización administrativa bastante deficiente, y esto es lo primero que hay que superar”.

En definitiva, la Comisión Mixta concluye pidiendo que:

“se elabore con carácter general cada cinco años un informe de fiscalización de las mismas, sin prejuicio de la realización de los informes sectoriales de las Universidades Públicas que pueda realizar con periodicidad diferente”.

Eso significaría que el próximo año tocaría una nueva fiscalización horizontal del conjunto de las universidades, en un escenario de restricción presupuestaria, con todas las consecuencias en las plantillas, el Espacio Europeo de Educación Superior o los nuevos modelos de financiación.

Peticiones al Gobierno español.

La Comisión insta al Gobierno a que:

1. El ministerio de Educación, en coordinación con las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos competentes en Universidades, acuerden que en los modelos de financiación correspondientes a todas las universidades, le den más relevancia a la financiación asignada a actividades y resultados en cada una de las funciones. A tal efecto las universidades deberán contar con un Plan Estratégico donde la definición de objetivos, instrumentos y medios queden debidamente precisados en su desarrollo temporal. Dicho Plan recogerá igualmente las líneas institucionales de investigación que cada universidad establezca. Para ello, las universidades deben mejorar y diferenciar, de acuerdo con las competencias profesionales, la asignación de las funciones de gestión en el ámbito de la Institución.

2. Las Universidades limiten el número de entidades de ellas dependientes bajo diferentes formas jurídicas a las que resulten de estricta necesidad, de modo que la gestión pública por ellas desarrollada no pueda verse afectada por una reducción de los mecanismos de garantía y controla a los que debieran estar sometidos. Las universidades deberán rendir cuentas consolidadas de todo el grupo de entidades con las de la Institución universitaria

3. El Ministerio de Educación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con el Consejo de Universidades, acuerde la implantación de un Plan de Contabilidad en todas las universidades que permita un tratamiento uniforme y un análisis comparativo de la actividad desarrollada en todas las Universidades Públicas, así como la implantación de una contabilidad analítica que facilite el seguimiento y evaluación de su actividad ordinaria, su actividad docente en cada una de las especialidades académicas y de su actividad investigadora.

4. El Ministerio de Educación elabore y publique periódicamente información detallada sobre el excedente de capacidad disponible de la oferta de las enseñanzas universitarias.

5. Las Universidades, en colaboración con las Comunidades Autónomas adecuen la oferta interna a la demanda social de las enseñanzas mediante la asignación eficiente de los recursos necesarios para la provisión de los servicios docentes, teniendo, además, en cuenta la tasa de abandono de los estudios universitarios. Asimismo, las Universidades ajustarán su capacidad productiva a la realidad de su demanda y de su capacidad financiera.

6. El Ministerio de Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través de un modelo de financiación, establezca políticas de financiación diferenciadas dirigidas a mejorar los rendimientos académicos de los estudios universitarios para acercarlos a la media de los países de nuestro entorno.

7. Las Universidades elaboren con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docentes e investigadora, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles, y en todo caso, debidamente justificados y acompañados de la correspondiente financiación.

8. Las Universidades mantengan permanentemente actualizado y adecuadamente valorado el inventario de bienes, tanto en propiedad como cedidos, y que los importes deducidos del mismo coincidan con los reflejados en los respectivos estados contables.

9. Las Universidades, para la eficaz materialización de las inversiones realizadas en Investigación por las Universidades Públicas, lleven a cabo una mejora de los sistemas de información correspondientes a los recursos empleados y los resultados obtenidos de la actividad investigadora.

10. Las Universidades elaboren las Relaciones de Puestos de Trabajo, diferenciando las funciones docentes e investigadoras para garantizar de esta manera las recomendaciones expuestas por el Tribunal de Cuentas.