Los grupos mayoritarios del Parlamento navarro han solicitado a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo. Se trata de una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria. El encargo busca rendir cuentas a la sociedad navarra sobre la “idoneidad de la gestión efectuada” desde el ejercicio 2000 hasta la actualidad, así como servir de «punto de partida para futuros cambios en la financiación por el Gobierno de Navarra o para la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior”.
Para ello deberá analizar el modelo de financiación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), comparándolo con otras universidades españolas y extranjeras, y su sistema de gobierno. Para ello, tendrá que informar sobre la posición de la UPNA en todos los estudios de rankings de universidades publicados y realizar una encuesta sobre la satisfacción del mercado laboral con la formación y la investigación de la UPNA.
El estudio solicitado intentará «valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA» y se compondrá de los siguientes apartados:
análisis del modelo de gestión económica del centro académico; análisis de los costes de las titulaciones en el curso 2008-2009; análisis de los gastos en 2008 de los grupos de investigación, el equipamiento docente de los departamentos, el gasto corriente de las unidades funcionales de gasto no afectas, el equipamiento informático, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios (se controlará las retribuciones, indemnizaciones y horas de actividad de ambos sectores, y se les comparará con el PDI y el PAS de otras universidades) y transferencia de conocimiento; y un análisis de evolución de los indicadores de asignación de recursos a departamentos y centros de 2002 a 2008, la oferta y demanda de titulaciones y matriculación de las mismas entre los cursos 2001-2002 y 2008-2009, y los gastos por capítulos económicos y su financiación de los años 2000 a 2008.
Un informe muy ambicioso.
Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2004, presentaba (diario ABC, 28 de abril de 2001) las tribulaciones de los equipos rectorales y su limitado margen de maniobra, en una organización descrita de la siguiente manera:
«Una estructura de toma de decisiones que es orgánicamente confusa y técnicamente ineficiente. Esa estructura hace inviable el rigor en la selección del profesorado, convierte en retórica bien intencionada la planificación estratégica, obliga a sacrificar lo importante por lo urgente, diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables”.
El Informe Bricall, en esos mismo años, realizaba un diagnóstico poco favorable de la organización universitaria, donde «prima sobre todo el debate y falta el rigor, la eficacia y la adecuada definición de órganos y funciones«.
Nuestra Universidad Pública está organizada en torno al concepto de Administración Pública y, como tal, con potestades y privilegios, pero también con enormes condicionantes, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento a los intereses generales, al procedimiento administrativo, al derecho presupuestario o al control judicial de su actuación y de los fines que la justifican.
Pudo haberse optado por caracterizar las universidades como sociedades públicas o fundaciones, según la legislación laboral, mercantil y civil, pero no se hizo. Por el contrario, se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático, es verdad, lo que hace muy difícil promover la responsabilidad personal, la toma de decisiones y en definitiva con enormes dificultades para la gestión del cambio.
Cuando los Órganos de Control Externo se acercan a la Universidad Pública el aspecto que más extrañeza les produce es esa intrincada organización, con un modelo de gestión participativo «que se convierte en cuasi asambleario, por la gran cantidad de órganos de dirección y por el escaso margen de maniobra», afirmaba la propia Cámara de Comptos en la década pasada, en que llegó a concluir:
«A nuestro entender, el marco que regula la institución no es el más adecuado para efectuar una moderna gestión de la actividad universitaria que tenga como guía los principios de eficacia, eficiencia y economía«. (Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra del ejercicio 1996. Apartado 3.3.4.1.BOPN de 20.2.98)
Otra de las experiencias de la Cámara de Comptos, también por encargo de su Parlamento, fue la denominada Auditoría Docente Externa de la UPNA, de su personal universitario y recursos. El informe (BOPN de 15-1-1998) y se pronunciaba sobre criterios de plantillas y sus departamentos (estructura, alumnos por profesor, grupo y asignatura, dedicación docente, etc.), costes y ratios (profesor/alumno por titulación, departamento y sus costes), equipamiento (gastos por áreas, aprovechamiento de infraestructuras) y previsiones de desarrollo y nuevas titulaciones (costes de implantación). En el apartado de profesorado (cumplimiento de la dedicación, incompatibilidades) decía esto, en una época donde todavía seguía creciendo el alumnado:
“La carga media general se sitúa cercana al máximo, si bien hay diferencias notorias entre los departamentos. Existe un primer bloque de departamentos en los que incluso la carga docente supera la capacidad (…) Hay un segundo bloque cercano al máximo y un tercero en el que la carga se sitúa por debajo del 80% de la capacidad docente…” (apartado VII.II.D).
En fin, que el más veterano Órgano de Control Externo de nuestro país tiene ante si un nuevo reto, que no dudo acometerá con el rigor y la independencia que le caracteriza. Por lo pronto, la decisión parlamentaria ha generado gran recelo entre los universitarios, como podéis ver en el magnífico blog de Joaquín Sevilla, cuya entrada os avanzo que se titula: Requiem por la autonomía universitaria«. Estaremos atentos.
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