Estos días se está produciendo un intenso debate en Galicia sobre la posibilidad de que los Ayuntamientos que no rindan cuentas al Consello de Contas no puedan ser beneficiarios de determinadas subvenciones que otorga la Comunidad Autónoma.
Este asunto ya ha sido tratado en esta bitácora, hace unos meses, con ocasión del informe específico que realizó la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. También con ocasión de una extensa entrevista realizada a su Sindico Mayor, Rafael Vicente Queralt, solicitando que esas Entidades Locales no se beneficiasen de subvenciones genéricas, de forma análoga al cumplimiento de la exigencia de estar al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Ahora, Galicia
Hace unos meses, el Conselleiro Mayor de Galicia, Antonio López Díaz, avanzaba en esta entrevista, la sugerencia de «condicionar», una parte de la financiación autonómica de los municipios, a la presentación en plazo de sus cuentas, ya que recordó “un 25% de los ayuntamientos gallegos incumplieron con este deber legal o lo hicieron a destiempo”.
En este sentido, el Galicia, el Decreto 5/2004 que regula el Fondo de Cooperación Local, introduce, por primera vez, una penalización económica al municipio que no rinde las cuentas. Más recientemente, algunas convocatorias de subvenciones para infraestructuras comienzan a condicionar su concesión a tal rendición.
Ahora llega una nueva vuelta de tuerca: el Parlamento gallego pidió anteayer por unanimidad a la Xunta que no se concedan subvenciones a los concellos que no rindan cuentas de su gestión. Así lo manifestaron PSdeG, BNG y PPdeG al aprobar una iniciativa en la que se reclama que la no rendición de cuentas de las entidades municipales sea considerado «criterio excluyente» en el acceso a ayudas públicas.
En el último año fiscalizado, 2005, de un total de 400 entidades locales (entre concellos y otros organismos municipales) no cumplieron con este trámite 99, de los cuales 58 son municipios. Aunque se produjo una mejora en la rendición de cuentas públicas con respecto a 2004, cuando una tercera parte de los entes locales no las presentó, los parlamentarios creen que sigue siendo «un problema relevante» en la administración local.
Esta medida enlaza con otra que el Consello de Contas quiso poner en marcha en otoño de 2002 y que nunca llevó a cabo. Se trataba de multar a los alcaldes remisos a dar cuenta de su gestión, con penalizaciones que oscilaban entre 600 y 3.000 euros. Las cosas, entonces, estaban peor: aquel año, sólo 111 municipios rindieron cuentas.
Razones
No se nos escapa que, en sentido estricto, el procedimiento actual no contempla la forma de rendición de las cuentas no aprobadas por el Pleno municipal, lo que hace que el Alcalde (cuentadante) no pueda cumplir con su obligación legal.
Para superar esta carencia, el Tribunal de Cuentas viene considerando rendidas las cuentas formadas, que hayan sido sometidas a los trámites preceptivos y se hayan presentado a la aprobación del Pleno de la Corporación, aunque éste no las apruebe; solicitándose en estos casos que se acompañen de una certificación que recoja las circunstancias que motivaron la no aprobación.
En relación con lo anterior, la Moción sobre rendición de cuentas del subsector local, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de abril de 2003 (descargar informe 1999), propuso la modificación del procedimiento actual de aprobación de las cuentas de las Entidades locales, de forma que se superasen las dificultades que se producen.
Lo que ocurre en la realidad municipal es que esas cuentas no rendidas tampoco se han presentado a la aprobación: simplemente no existen. Quizás los Alcaldes estén más preocupados por otros asuntos, como la inminente caída recaudatoria, fruto de la crisis de la construcción, que proporciona titulares como estos:
La crisis obliga a tres ayuntamientos sevillanos a aplicar regulaciones de empleo
En algún caso, esa pereza de rendición puede ser fruto de la desidia del Interventor, pero iniciativas como la gallega pondrá sobre la mesa de las autoridades y de los vecinos el debate y los verdaderos culpables.
Propuestas
Ahora que se habla de estudiar un nuevo modelo de financiación autonómico y local, se hace necesario contar con datos agregados de la situación financiera municipal, como nos reuerda el el Sindico Mayor Rafael Vicente, en un reciente artículo de la prensa de la Comunidad Valenciana.
Muy interesante es el artículo del auditor de la Sindicatura valenciana, José Andrés Ruiz del Molino, en el último número de Auditoría Pública, que, tras un análisis riguroso de la situación actual propone reducir los plazos de tramitación y de rendición, junto a una reforma del control interno.
Gracias por comentar con el fin de mejorar