Un chiste universitario que escuché a principios de esta década en Salamanca contaba que el entonces Papa Juan Pablo II había decidido jubilarse para dar ejemplo a los curas. Tras pilotar su inédita sucesión y dejar a buen recaudo el Vaticano, se puso en contacto con la Pontificia Universidad para tantear si había alguna plaza libre, que aprovechara su magisterio. Y llamó al Rector, al que recordó su pasada infalibilidad y la sabiduría sobre las asignaturas eclesiásticas.

El abrumado Rector recriminó al perplejo ex-Papa que quisiera quitarle la plaza al becario, «que estaba a punto de leer la tesis». Claro, bien contado el chiste puede tener mucha gracia, de la que los síndicos carecemos por naturaleza. Pero es el día a día de nuestra querida Administración.

El asunto me ha venido a la cabeza al leer en el diario Cinco Días de hoy una noticia de titular atractivo que preside nuestra entrada. Merece la pena reseñarlo pues avanza el ácido contenido de una carta que Gustavo Catalán, físico y profesor de la Universidad de Cambridge, escribió el mismo día en que la Administración española le dio con la puerta en las narices. Nunca llegó a una redacción. Sin embargo, publicó este artículo en el Diario El País, donde criticaba la falta de interés por la élite científica internacional, sugiriendo un par de medidas que ayudarían a que científicos de todo el mundo puedan trabajar en España.

En vez de anunciarlas, en castellano y en el BOE … obliguen a los centros a anunciar sus ofertas de trabajo en revistas científicas internacionales y páginas web especializadas.

Además, dejen de exigir la homologación de las titulaciones extranjeras: actualmente, un hipotético doctor por la Universidad de Harvard, o el MIT, o Cambridge, no podría trabajar en España hasta conseguir el papel que lo reconoce como tal. El trámite puede durar un año. Entretanto, el científico se habrá buscado la vida en otra parte.

Los funcionarios entendemos que todas estas desagradables exigencias son razonables; no es “burocracia” y valen igual para un dentista o para un investigador. Sin embargo, algo debemos estar haciendo mal, para que ningún científico prestigioso venga a sentar escuela a España.

Pero volvamos a la oposición de Catalán. Se había enterado de la existencia de una plaza en el CSIC adecuada a su perfil. La periodista Marta Matute lo describe en el citado artículo de Cinco Días con ironía:

Rellenó la ristra de papeles que exigía la administración, pagó religiosamente las tasas y viajó a Zaragoza para ser juzgado por un tribunal independiente. Nada más empezar la oposición, llega la temida primera pregunta: ‘¿Fotocopias?’. Silencio. ‘Las fotocopias de sus artículos’. ‘Pero si todos mis artículos están publicados’. ‘Lo sabemos, los hemos leído. Algunos, incluso, son excelentes. Pero necesitamos las fotocopias. Es la ley’. ‘Mañana mismo las entrego’. ‘Pero entonces estará fuera de plazo’.

Los funcionarios vemos todo esto muy normal, pero los científicos no. Los procedimientos competitivos, con legítimos interesados a una plaza “de por vida” exigen un respeto escrupuloso de las normas. Es verdad que también podríamos perder a un Papa de profesor de Teología.

El imperio de la Inercia

Con este sugerente título podemos leer en Peatom uno de los más críticos artículos que he leído nunca sobre la Universidad española. Os pongo un poco de música del párrafo final, incitando a pecar leyéndolo:

La Universidad es una institución disparatada y un conglomerado administrativo/burocrático en fase de gangrena.  (…) La propia universidad, ha tirado la toalla. Es una institución que está pidiendo a gritos ser rescatada; que está pidiendo casi con desesperación que alguien, desde fuera, la refunde. Está desacreditada, no posee liderazgo y está ofuscada en ocultar su actividad a la sociedad, en hacerla opaca y evitar el diálogo con el cuerpo social que la sufraga. La relación coste/rendimiento la está desacreditando y después destruyendo. Es una relación insoportable. No genera liderazgo social, empresarial, artístico, tecnológico y científico y además se ofusca en no rendir cuentas.

Un texto realmente duro.

Estatuto del PDI

También hoy, el newsletter Ibercampus se hace eco de la propuesta de Estatuto de Personal Docente e Investigador (unos 100.000 profesores) que según los sindicatos mayoritarios “se presenta con una carrera profesional plagada de obstáculos, con unos sistemas de acceso y promoción que no permiten una gestión eficaz de su personal”

Para ellos, “lejos de incentivar el esfuerzo que debe hacer el profesorado para adaptarse a la nueva situación (Bolonia), propone una mayor estratificación del PDI y apuesta por la mercantilización de la universidad pública, desincentiva la dedicación a la docencia (..) y permite los contratos de obra y servicio para la actividad docente, «en clara contradicción con el discurso de la excelencia y la calidad de la universidad pública española», señala la nota.

Nueva Ley de la Ciencia

En fin, que la Ministra Garmendia ha tenido desayunos mejores. La próxima semana presentará el borrador de futura Ley de la Ciencia, cuyas primeras filtraciones ya se han producido. Intenta crear un esquema para el desarrollo profesional de los investigadores no universitarios, así como facilitar su movilidad entre los distintos agentes. En este punto, el borrador prevé dos etapas previas (periodos de formación predoctoral y postdoctoral) y una carrera profesional articulada en grados. El primero de ellos será el grado de acceso que, junto a una figura contractual creada al efecto, adaptará al ámbito español el denominado«tenure track», una contratación laboral de cinco años con una evaluación externa al final del tercer año y cuya superación conduce a un contrato indefinido. A partir de ese momento, el investigador podrá desarrollar su carrera profesional a través de varios grados de consolidación que determinarán en cada caso las entidades contratantes, sean públicas o privadas.