El titular del diario digital de referencia, Ibercampus, nos permite recordar aquella película donde las reformas de la casa no terminaban nunca, hasta arruinar al propietario.

En sus comparecencias públicas, Juan Hernández Armenteros, tras trece años de Gerente en la Universidad de Jaén, suele calificar sin miramientos la delicada situación financiera de la Universidad española. También en las distancias cortas. Recuerdo que coincidimos hace unos años durante un un congreso en Salamanca y le presenté al presidente del Tribunal de Cuentas Europeo: “Señor Weber, le presento al Sr. Hernández, importante Gerente de Universidad” a lo que el andaluz respondió “No se fie: ¡una ruina!

Juanito, como nos permite llamarle a sus amigos, dirige desde hace una década el conocido informe La universidad española en cifras y es un verdadero experto en la financiación de estas instituciones. Participaba en el seminario de vicerrectores de finanzas del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), una red de más de treinta universidades de Europa, América Latina y el Caribe que promueven la cooperación entre directivos financieros y que la Universidad de Santiago de Compostela acogió, del 1 al 3 de octubre.

El asunto suele ser aprovechado por los anfitriones para reivindicar el necesario saneamiento de las finanzas del Espacio Europeo de Educación Superior y contestado por los gobiernos, con que ¡Esto es lo que hay!

Presión, presión …

Muchos gobiernos no comprenden como incrementos de transferencias a la Universidad, con porcentajes muy superiores a la inflación, apenas tienen repercusión a corto plazo en la Institución. Tampoco la tienen ante la opinión pública, por lo que la clase política no obtiene rendimiento mediatico por destinar grandes cantidades a la Universidad. Alguno me ha dicho: «bachear una carretera de pueblo tiene mejor efecto político que construir un edificio universitario«. En términos de aritmética política inmediata puede ser verdad. Por eso, las universidades no han tenido más remedio que organizarse como lobby.

Conviene recordar que, en Estados Unidos, las instituciones académicas ejercen, de manera bastante estructurada y transparente, presión sobre el Congreso para que destine mas dinero a la educación superior, en general, y a cada una de ellas en particular. Comienza en enero, cuando los directivos de la universidad se reúnen con el encargado de hacer lobby para formular la estrategia del próximo año fiscal, que empieza en septiembre. Dan prioridad a la solicitudes de subvención según las posibilidades de éxito e identifican a las personalidades sobre los que ejercer la presión.

Normalmente, se fijarán en el diputado o senador del distrito y Estado en el que se encuentra la universidad. En marzo la universidad comienza a ejercer presión sobre sus representantes electos para que incluyan la subvención pedida en la ley presupuestaria. Después de las vacaciones de agosto hay un esfuerzo adicional para que la solicitud se concrete en la ley presupuestaria.

Estas campañas de presión organizadas a través de profesionales de la presión están generalizadas. La rentabilidad de esa inversión es muy alta: los fondos federales entre 1980 y 2001, descontando la inflación supuso un aumento en términos reales de 50 veces.

A punto de publicarse la radiografía universitaria.

Nuestro sistema de presión es más primitivo y se concreta en la presentación de las estadísticas de indicadores. Ante la ausencia casi general de modelos de financiación, la subvención anual es negociada con con la Consejería correspondiente. La Universidad desconoce, con frecuencia, los criterios para su cálculo, salvo la presión.

Desde hace una década, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) presenta en octubre de los años pares, la exhaustiva publicación La universidad española en cifras. La información se presenta ordenada desde un punto de vista nacional, por comunidades autónomas y por universidades, analizando toda la información académica, productiva y financiera de las universidades españolas durante el curso 2006/2007 .

En función de la situación relativa, cada Rector planteará las reivindicaciones a su Comunidad Autónoma, que es la Administración responsable de la financiación universitaria. Daremos cumplida cuenta de su contenido del informe durante la próxima semana, aunque, por lo visto en la prensa gallega, sus principales conclusiones ya fueron avanzadas en la reunión de Santiago, como puede verse en la prensa local: